Ciudadanos ahorraron $62.770 millones gracias a los 854 trámites mejorados

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 Función Pública alcanzó 854 trámites racionalizados y con ello cumplió ocho meses antes, de lo proyectado, la mega meta del Gobierno Nacional que prometió mejorar 800 trámites entre 2015 y 2018.

Estas acciones representan un avance del 106.8% de esa meta y para los ciudadanos ahorros por cerca de $62.770 millones, según indica Liliana Caballero, directora de Función Pública quien anuncia que el año entrante se proyecta el mejoramiento de cien trámites adicionales a los prometidos en la mega meta.

El cálculo del ahorro para los ciudadanos se realizó teniendo en cuenta los siguientes factores: reducción de tiempos de trámite, reducción de tiempos de desplazamiento hasta las sedes de las entidades, reducción de requisitos y eliminación o reducción de tarifas.

Esta política liderada por Función Pública obedece al interés del Gobierno por simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar trámites y procedimientos administrativos, para facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. De igual manera, se orienta a fortalecer la relación entre el Estado y la ciudadanía.

La estrategia de racionalización involucra acciones normativas, administrativas y tecnológicas que permiten reducir tiempos, ahorrar dinero y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos. Esta estrategia surge de un mandato legal de 2005 que le asignó a Función Pública la tarea de liderar la racionalización de trámites, para lo cual la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano acompaña y brinda asistencia técnica a las entidades nacionales y territoriales para que implementen acciones de racionalización, además de promover la articulación interinstitucional y el seguimiento al cumplimiento de los Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

 

“Ayudamos a las entidades en la identificación de cuellos de botella que impiden la eficiencia, como pasos y tiempos innecesarios. Contamos con guías, metodologías y un equipo humano calificado, con presencial nacional y territorial, que acompaña y asesora a las entidades en la creación y el mejoramiento de trámites”, aclara Fernando Segura, Director de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano de Función Pública.

Además del apoyo y acompañamiento para racionalizar los trámites existentes, esta entidad cumple con otras dos obligaciones relacionadas con el tema: la primera se orienta a garantizar que todo trámite que se cree, no incluya requisitos prohibidos por la ley, cobros ilegales o que vayan en contra de la política de mejora de trámites. La segunda propende porque los trámites sean fáciles para el ciudadano, con información clara y precisa. El impacto de esta política es enorme si se tiene en cuenta que involucra a todos los grupos de valor del Estado, tales como ciudadanos, empresarios, extranjeros y hasta entidades, dado que algunas realizan trámites en otras dependencias del Estado.

Muchas acciones logradas en el marco de esta política se traducen en acceso a derechos para poblaciones específicas como las víctimas del conflicto o las personas en situación de discapacidad. Por ejemplo, disminución de tiempos en el procedimiento de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente en Caquetá y Huila, o mayor rapidez para la adquisición de publicaciones especializadas en discapacidad auditiva. Algunas acciones permitieron la eliminación de cobros como el duplicado de la cédula de ciudadanía y tarjeta de identidad, copia del Registro Civil y rectificación de la cédula para los indígenas.

Otras mejoras realizadas tienen un impacto favorable en la productividad; por ejemplo, la eliminación del requisito de titularidad de cuenta bancaria para actualizar o inscribir el RUT como persona jurídica, lo que facilita la creación de empresas; o la notificación electrónica de actos administrativos del INVIMA para varios registros sanitarios, procedimiento que reduce costos de transporte y tiempos de desplazamiento. Los sectores que mayor cantidad de trámites han mejorado son Hacienda, Comercio, Agricultura, Defensa, Educación, Deporte y Ambiente.

Si bien la mayoría de los trámites racionalizados desde 2015 corresponde al orden nacional, con 725 mejorados, también se destaca el esfuerzo de las entidades territoriales por fortalecer la relación del Estado y los ciudadanos a través de los trámites. Algunos de los municipios donde se llevaron a cabo estas mejoras son: Villarrica, en el departamento del Cauca, donde se logró reducir de tres meses a 15 días hábiles la inclusión en el Sisben; Montería, con la consulta en línea en la página web de la Alcaldía del estado de cuenta de los inmuebles y el valor del impuesto unificado; San Agustín, Huila, que disminuyó de un día a dos horas el trámite del certificado de defunción; o en Yopal, Casanare, donde los ciudadanos pueden realizar totalmente en línea el trámite del impuesto de industria y comercio complementario de avisos y tableros.

A nivel territorial otra acción de gran impacto se relaciona con la apertura del Súper Cade de Engativá por parte de la Alcaldía de Bogotá, espacio que facilita el acceso de los ciudadanos a trámites de la Secretaría Distrital de Ambiente, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Asesor de Bogotá, entre otras entidades capitalinas.

Los logros alcanzados con esta política reafirman el compromiso de Función Pública con el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos mediante el fortalecimiento de la gestión de las entidades nacionales y territoriales.

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